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Pedro Ordóñez, el policía jubilado de Carabobo que vendió su carro para operarse

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Pedro Ordóñez camina con su bolsa de drenaje prostático a cuestas. Esa misma que pensaba quitarse de su cuerpo hace un año, cuando decidió vender su carro para pagarse la operación que lo ayudaría con su problema de salud. Pero eso no fue posible. Con el dinero en su cuenta fue a programar la cirugía para la que le pidieron una larga lista de insumos y medicamentos que no pudo costear. Intentó conseguir lo necesario pero la inflación le ganó la carrera y no pudo entrar a quirófano.

El dinero que tenía ya no le alcanzaba para nada a la vuelta de tan solo dos semanas. «En ese momento todo ya aumentaba a diario, igual que ahora, porque es el dólar el que rige la economía y me quedé enfermo y sin carro, sin el chivo y sin el mecate, como decimos aquí en Venezuela».

Así, con su salud cada vez más deteriorada no deja de luchar por sus derechos. Él fue parte de la Policía de Carabobo por más de 40 años, y como jubilado está pasando los peores años de su vida. «Ahorita vengo del hospital, tuve que llevar yo mismo la sonda, estoy con dolor porque no me alcanza para las medicinas que me alivien el malestar», expresó en las afueras de la gobernación del estado, a donde asiste con frecuencia junto a otro grupo de excompañeros para exigir el respeto de sus derechos.

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Son más de 1.700 jubilados de este cuerpo de seguridad los que enfrentan la crisis con salarios de hambre. «Con 40 mil bolívares al mes lo que hacemos es pasar trabajo como todos, eso apenas nos alcanza para comer arroz picado y frijol. Más nada», relató José Mendoza.

Ellos piden que se homologuen sus sueldos a lo que cobran actualmente quienes cumplen funciones con los rangos que ellos alcanzaron. «Nunca debieron quitarnos eso, porque por algo le dedicamos la vida a esta institución y ahora no podemos tener ni siquiera una vejez tranquila y sin preocupaciones». También reclaman que se les restablezca el seguro médico y el beneficio de farmacia.

El problema es que, aunque desde el ministerio de Interior y Justicia del régimen de Maduro se firmó un oficio para que se les respetara esos derechos, desde la gobernación de Rafael Lacava no cumplen la orden. «Nos hacen venir una y otra vez y se burlan de nosotros porque no nos atienden».

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