La mayoría de las detenciones que persiguen políticos son arbitrarias.

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El Foro Penal ha documentado 12.016 detenciones y encarcelaciones arbitrarias entre el mes de abril de 2013 cuando Nicolás Maduro llegó al poder hasta el 28 de enero de 2018, todas contra cualquier persona que tenga una opinión distinta al Gobierno.

El abogado penalista Joel García recuerda que según lo que dice el grupo de trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) toda detención que fuese realizada fuera de los parámetros de una orden judicial o en flagrancia, cuando se trata de un hecho punible, ya es arbitraria.

Para García, hablar de detenciones arbitrarias en Venezuela es referirse “casi a 99% de los casos en que se persigue a disidentes políticos. Es una fabricación de expedientes, un traje a la medida dependiendo del personaje que se quiera perseguir”, detalla el abogado.

En 2017, Érika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional dijo: “En Venezuela está prohibido disentir. Las autoridades parecen no tener límite a la hora de aplicar un sinnúmero de argucias legales para castigar a quienes expresan una opinión diferente de la oficial”.

Joel García recuerda que estos patrones siempre han estado presentes, pero afirma que “desde 2017 se han incrementado”. El Foro Penal ha documentado 12.016 detenciones y encarcelaciones arbitrarias entre el mes de abril de 2013, cuando Nicolás Maduro llegó al poder, hasta el 28 de enero de 2018, todas contra cualquier persona que tenga una opinión distinta al

El abogado penalista explica que “el delito comodín para dejar privado de libertad a cualquiera es el delito de asociación, es el delito rey”, dice, mientras sostiene que normalmente también se le acusa de otro delito menos grave, pero en compañía de este para poder encarcelar a la persona.

Asimismo, enumera los otros delitos que comúnmente se le imputan a este tipo de detenidos: terrorismo, financiamiento al terrorismo, instigación pública y, en el caso de manifestaciones públicas, se aplica obstrucción a la justicia.

La mayoría de estas detenciones arbitrarias son llevadas a cabo por lo que Joel García denomina “una policía de pensamiento”, que es la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) o el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en actuación con el Ministerio Público.

Los rostros de este tipo de detenciones arbitrarias se cuentan por centenares, al igual que las desapariciones forzosas. La historia de Gilber Caro, con dos detenciones arbitrarias, ilustra en dos ocasiones cómo el Estado venezolano recurre a estas prácticas para tratar de callar a sus adversarios.

El 11 de enero de 2017, Gilber Caro, diputado a la Asamblea Nacional por Voluntad Popular, fue detenido por funcionarios del Sebin, junto a su pareja, Steyci Escalona, cuando viajaban a Caracas.

 

Vía TalCual.

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